Fraudes en la Tesorería de Chaco: Contaduría General presentó un informe engañoso.(ABAJO SENTENCIA)
Fue parcial y tendencioso el informe presentado en junio pasado por la Contaduría General al Equipo Fiscal 11, a cargo del Dr. Hector Valdivia, quién investiga posibles pagos irregulares efectuados por la Tesorería General de Chaco a través del sistema “Interbanking”.
Fue evidente que el informe estuvo orientado a disminuir la gravedad del daño patrimonial que se produjo por medio de la implementación de aquel sistema con el cual la Tesorería electrónicamente operaba los movimientos de fondos públicos de las cuentas de la administración provincial.
La Contaduría pareciera alinearse con la hipótesis oficial que impulsa el propio gobierno y una parte de la Justicia para concentrar en una “empleada infiel” las múltiples y complejas responsabilidades de los funcionarios de primera línea de la Tesorería General sobre el mal uso de un sistema que no estaba autorizado para funcionar. Esa empleada fue cesanteada por el gobernador Domingo Peppo antes que sea condenada por los Jueces.
La Contaduría remitió a la Justicia una auditoría practicada en 2015, que ya había sido elevada al exministro de Hacienda, Federico Muñoz Femenía. Ya en ese entonces era claramente parcial y torcida la información entregada por aquél órgano de control respecto a las consecuencias totales derivadas de la utilización del Interbanking en las transferencias electrónicas efectuadas desde el Sector Público a favor de personas, entes y sociedades de la actividad privada.
La cifra que se movió por fuera del sistema de control, según el amañado informe producido por la Contaduría, es infinitamente menor al total de fondos públicos que fueron transferidos a través del Interbanking. Para reflejar la sorprendente parcialidad del informe basta con hacer hincapié en que sólo una de las diez personas que recibieron dineros públicos no era proveedora del Estado. Se trata de la madre de una de las tres personas que tenían clave y autorización para “disparar” transferencias a través de Interbanking, que según un sumario elaborado por la Asesoría General de la Gobernación recibió la suma de 235.210,93 pesos en su cuenta particular. Las restantes nueve personas recibieron cifras menores. La Contaduría se apuró en señalar que “la mayoría de los pagos” fueron a la madre de la “empleada infiel”.
Sin embargo, la contestación de la Contaduría a la Justicia no incluye otro informe firmado por Marcelo Zabaleta, contador mayor operativo de la Contaduría General, quién advirtió que entre el 1° de enero de 2014 y el 21 de julio de ese mismo año “se hicieron pagos mediante el sistema Interbanking” por un monto de 1.724.878.393,87 pesos “sin intervención” de la Contaduría, que es el órgano de control interno del Sector Público. El Tribunal de Cuentas elevó esa cifra a un monto cercano a los 4.000 millones de pesos.
Es por lo menos llamativo, entonces, que el informe entregado a la Justicia el mes de junio último también fuera firmado por el mismo contador Marcelo Zabaleta. Ambos informes están fechados en 2015, pero uno -el que fuera presentado ante la Justicia- resume las irregularidades en los pagos a una decena de personas cuya mayoría son proveedores del Estado. Pero no se agregó copia del otro informe en el que detalladamente figuran las irregularidades formalmente detectadas en los pagos, que prácticamente totalizaron 2.000 millones de pesos.
Aun así, a pesar de la falta de objetividad e imparcialidad de la Contaduría, en el sesgado informe que presentó en el expediente 14.113/2018-1-1, que tramita el Equipo Fiscal N° 11, en las conclusiones se enumera una serie de incumplimientos que fueron cometidos en clara violación de las pautas y procedimiento previstos en la Constitución chaqueña, en la ley 4787 (de control financiero del Sector Público) y en la ley orgánica que regula el funcionamiento de la Tesorería y de la Contaduría General, cuestiones que ya fueron incorporadas a la causa penal, lo que permitirían imputar por varios delitos a las máximas autoridades de la Tesorería. La investigación avanza perezosamente, lo que es una constante en esta Justicia “Cenicienta”, como alguna vez lo definió el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, cuando le disputó la competencia a la Justicia Federal para investigar los hechos de corrupción que sacuden al gobierno de Domingo Peppo.
Interbanking para perejiles e impunes
El sistema Interbanking es un servicio de pagos y cobros destinados más que nada a empresas. La Tesorería lo adquirió mediante un convenio firmado con el Nuevo Banco del Chaco, que actúa como agente financiero de la Provincia. Se trata de la implementación de una alternativa diferente al sistema oficial, denominado SAFyC, (Sistema de Administración Financiera y Control), un software creado en 2006 por decreto firmado por el entonces gobernador Roy Nikisch en el marco del Convenio de Participación en el Programa de Fortalecimiento Institucional, Productivo y de Gestión Fiscal Provincial, firmado con la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
El Interbanking comenzó a implementarse en 2007, en la última etapa del último gobierno radical. Tendía a centralizar los pagos y transferencias del sector público provincial con control de la Contaduría General. De hecho, hasta hoy ese organismo de control se encarga de generar las claves de acceso o cambio de perfiles de todos los usuarios. La Contaduría es la que directamente gestiona esas claves con ECOM Chaco. Sin embargo, a partir de que la Tesorería General comprara el sistema Interbanking al Nuevo Banco del Chaco se realizaron movimientos de fondos públicos por miles de millones de pesos sin que se pusieran en movimiento los controles preventivos. Todo el sistema de pago funcionó como un mercado libre de revisión y vigilancia.